Inteligencia artificial para empresas en Panamá: datos personales, factura electrónica y regulación de IA

¿Cómo está Panamá en inteligencia artificial?

En el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026 de la CEPAL y el CENIA, Panamá ocupa el undécimo lugar entre 20 países, con 39,3 puntos sobre 100, dentro del grupo de adoptantes. Saca 43,1 en factores habilitantes, 31,8 en investigación, desarrollo y adopción y 43,3 en gobernanza, la nota de gobernanza más baja entre los seis países de esta serie. La comparación completa está en la guía de Latinoamérica.

El país tiene dos ventajas que pesan para una empresa. La primera es la infraestructura: el ILIA 2026 ubica a Costa Rica (4,46) y Panamá (2,41) como los países mejor posicionados en centros de datos certificados por millón de habitantes, cuando el promedio regional es 0,92. La segunda es el uso: el 20,3 % de la población de 15 a 64 años usa activamente IA generativa, frente al 16,1 % del promedio regional.

Las fichas de país del ILIA 2025 agregan que Panamá registró 4,3 visitas a soluciones de IA por usuario de internet (promedio regional: 3,1), algo que el documento vincula con una economía orientada a servicios intensivos en información, como finanzas, logística, comercio y servicios empresariales. El gasto promedio por usuario en aplicaciones de IA generativa fue de USD 0,14, el más alto de la región y aproximadamente el doble del promedio. En uso avanzado alcanzó 0,95 visitas por usuario, aunque con 45 desarrolladores de software por millón de habitantes, por debajo de la media regional. El mismo documento concluye que la adopción se concentra en usos estandarizados y de bajo umbral técnico.

¿Qué exige la Ley 81 de protección de datos?

La Ley 81 de 26 de marzo de 2019, sobre protección de datos personales, se publicó en la Gaceta Oficial Digital 28743-A del 29 de marzo de 2019. La aplica la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI): según sus preguntas frecuentes, la Dirección de Protección de Datos Personales investiga e impone sanciones a quienes vulneren la ley.

Para un proyecto de IA, estos puntos son los que más importan:

• Consentimiento. Desde la entrada en vigencia de la ley, los tratamientos de bases de datos personales deben contar, por regla general, con el consentimiento de los titulares, salvo las excepciones del artículo 8.
• Datos sensibles. El artículo 4 define el dato sensible como el que pertenece a la esfera íntima del titular y cuyo uso indebido puede causar discriminación o un riesgo grave. La ANTAI incluye la huella digital y el reconocimiento facial como ejemplos; el concepto se amplía en datos sensibles.
• Decisiones automatizadas. El titular tiene derecho a no ser sujeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos que le produzca efectos jurídicos negativos, por ejemplo sobre su crédito, rendimiento laboral o conducta. Se permite si el titular consiente, si es necesaria para un contrato o si una ley especial la autoriza.
• Transferencias. Entre las funciones de la Dirección de Protección de Datos Personales está adoptar modelos de cláusulas contractuales que, según el artículo 33 de la Ley 81, son condición de licitud de las transferencias de datos dentro y fuera del país.

Un ejemplo práctico: en su opinión 02-2022, de 27 de mayo de 2022, la ANTAI estableció con carácter vinculante que no se puede exigir fotografiar o escanear el documento de identidad como condición para entrar a un edificio, una institución o una empresa, porque es un dato biométrico y, por tanto, sensible; debe existir un medio alternativo de registro. Si piensas en un sistema de IA para control de acceso o recepción, ese criterio ya aplica.

Los plazos para responder a los titulares también condicionan el diseño de cualquier agente que atienda clientes:

¿Cómo funciona la factura electrónica de la DGI?

La Dirección General de Ingresos (DGI) administra el Sistema de Factura Electrónica de Panamá. Según sus preguntas frecuentes, todo contribuyente inscrito puede usarlo desde el 1 de junio de 2021, conforme al Decreto 766 de 29 de diciembre de 2020, y la factura se emite en formato XML según las especificaciones de la ficha técnica.

Cuando se factura con un proveedor, el circuito tiene un intermediario: el proveedor autorizado calificado (PAC). El PAC recibe el documento, valida datos como el formato de los campos, el cálculo de impuestos y los datos fiscales del emisor, y si todo cuadra otorga la autorización de uso firmada con su certificado digital; luego lo remite a la DGI a más tardar 48 horas después. Cada factura tiene un código único, el CUFE, y el comprador puede pedir un comprobante auxiliar impreso con código QR para verificarla. La DGI también ofrece un facturador gratuito.

La base legal que publica la DGI incluye la Ley 256 de 26 de noviembre de 2021 y una serie de decretos y resoluciones; la más reciente de la lista es la Resolución 201-6299 de 29 de julio de 2025.

Para la IA, el XML validado por un PAC es una fuente de datos confiable: un sistema puede leer cada compra, comprobarla con su CUFE, cruzarla con la orden de compra y registrarla en el ERP sin digitación.

¿Qué regula hoy la IA en Panamá?

Panamá ya tiene estrategia nacional. El Consejo de Gabinete aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial con la Resolución de Gabinete 75 de 11 de agosto de 2026, publicada en la Gaceta Oficial Digital 30592-A. Según esa resolución, la estrategia prioriza el desarrollo de capacidades locales, la soberanía tecnológica, la prosperidad, la sostenibilidad ambiental, la cooperación internacional y la atracción de inversiones estratégicas. El ILIA 2026 aclara que todavía la cuenta como estrategia en elaboración porque se lanzó después del cierre de su recolección de datos, lo que explica en parte su nota de gobernanza (43,3).

Ley específica de IA no hay. El ILIA 2026 registra un proyecto de ley en trámite; las fichas del ILIA 2025 lo identificaban como el Proyecto de Ley 108, que la Asamblea Nacional analizaba desde 2023 y que promueve el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial y la robótica, con temas de gobernanza, ética, uso responsable en el sector público y fomento de la investigación.

Para una empresa, eso no significa ausencia de reglas. Los sistemas de IA que traten datos personales de clientes, empleados o proveedores quedan bajo la Ley 81, con los derechos, plazos y criterios de la ANTAI descritos arriba. Si operas también en Costa Rica, compara con la guía de Costa Rica, que tiene estrategia nacional desde 2024.

¿Qué procesos conviene automatizar primero?

Con una economía orientada a servicios y un uso de IA que el ILIA describe como concentrado en tareas estandarizadas, la oportunidad está en pasar del uso individual a procesos conectados a los sistemas. Los candidatos que suelen reunir datos digitales, repetición y dinero en juego son:

• Cuentas por pagar, porque la factura llega en XML y con autorización de un PAC.
• Conciliación bancaria, en empresas con muchos movimientos diarios.
• Atención al cliente, siempre que el agente respete los plazos de los derechos ARCO y derive a una persona cuando corresponda.
• Cobranza, cuando la cartera vive en el ERP con fechas y saldos confiables.

La guía de automatización de procesos con inteligencia artificial explica cómo se integran estos procesos con el ERP y el CRM, y la de qué proceso automatizar primero ayuda a elegir.

¿Qué pedirle a un proveedor de IA?

1. ¿Con qué base trata los datos: consentimiento o una excepción del artículo 8 de la Ley 81?
2. ¿Dónde se procesan y qué cláusulas contractuales cubren la transferencia?
3. ¿El sistema usa datos sensibles, como biometría, y con qué alternativa para quien no consienta?
4. ¿Cómo atiende los derechos ARCO dentro de los plazos de la ANTAI?

Advise, una empresa ecuatoriana de IA para medianas y grandes empresas de Ecuador y Latinoamérica, parte de esas reglas de base: los datos crudos se quedan en la nube o los servidores del cliente, al modelo solo llegan seudonimizados o cifrados y las decisiones irreversibles pasan por una persona.